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No voy a entrar en disputas sobre los conciertos educativos, sobre ese dinero público que va a parar a entidades privadas que no garantizan los servicios que se comprometieron a prestar. Sólo quiero airear un poco la indignación que he sentido esta mañana al leer esta noticia. Y lo haré lanzando unas preguntas retóricas a las que no estáis obligados a responder:
- ¿Por qué las familias siguen pensando que los centros privados ofrecen mejor educación a sus hijos? -la razón que se ofrece en la noticia acerca de las dimensiones del centro no parece muy sólida-.
- ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, cuatro centros educativos se nieguen a escolarizar a un menor por padecer un síndrome de Down?
- Si no lo hubiesen dejado entrar en un autobús o en un centro comercial, por muy privado que fuese y con su derecho de admisión en regla, ¿sería un acto lícito?
- ¿Para qué integrar en los centros educativos a las minorías, a los que necesitan atención especial, a los inmigrantes, etc. si, a la vista de lo que ocurre a pie de calle, la sociedad nunca les va a perdonar ser como son?
- ¿Qué sentirán las familias de alumnos de esos centros cuando sepan de este asunto? ¿Alivio? ¿Alegría? ¿Remordimiento? ¿Vergüenza?
Crédito de la imagen: Levante-EMV